El titular del juzgado de lo penal número 2 de Córdoba ha condenado al presidente de la Plataforma a desalambrar a pagar 200 euros por una falta de coacciones por cortar el candado de acceso al camino que discurre por la finca la Armenta de Cerro Muriano. También a pagar el nuevo candado que reemplazó al fracturado y a restaurar los carteles enmendados por los ecologistas que advertían del carácter público de la vereda.Tanto la fiscal como la acusación particular, solicitaban un año de cárcel por un delito de coacciones. El juez, sólo en parte les da la razón.
Así el Código Penal fija en su artículo 172 que coacciones":
"El que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley no prohibe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de seis a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código."
Así es que el juez resuelve que franquear un camino que se acredita documentalmente como público, es un acto de violencia. Hace la interpretación, rebajada, del fiscal y la acusación, y obvia la que hizo la defensa y lo peor el Sentido Común.
El juez de esta manera acredita, sin expresamente citarlo en su fallo, que ese camino es privado, sin que aporte ningún elemento legal para sostener su argumentación. No era desde luego el objeto del procedimiento, pero hemos de deducir, y la propiedad de la finca estará la mar de contenta, que si se violenta, se rompe un candado, se está coaccionando a la propiedad, se le impone una conducta no deseada, se le obliga a dejar abierto el camino por la fuerza de una cizalla. Pero, ¿no será precisamente al contrario? ¿No ha sido la propiedad de la hacienda la que ha ejercido la coacción contra los vecinos y lugareños, paseantes y excursionistas, al clausurar ese camino?
El juez da la razón a los demandantes y condena injustamente a Patrick Philpott a pagar la multa de esos indigentes 200 euros, más los 300 que dice la propiedad cuesta un candado de cadena y repintar los carteles intimidados. Y en este espectáculo, otros convidados miran hacia otro lado y dejan que la Justicia, colapsada por casos así, se permita la condena y sentenciar acerca de un asunto complejo como es la titularidad pública de la vereda.
El problema de verdad radica ahí. Seguro que las autoridades municipales, y sus concejales de Urbanismo, Andrés Ocaña , y medio ambiente, Francisco Cobos, no tendrán tiempo para ordenar a sus técnicos que diriman de una vez de quien es el camino ya que han debido de perder el sueño cuando se ha difundido que Córdoba es una de las 13 capitales de España que peor calidad ambiental padece.
Andarán de cabeza para arbitrar medidas que rebajen esos malos índices, como la supresión del tráfico en el centro, el traslado de la fábrica de cementos, la instalación de tranvías, la plantación de árboles, la creación de nuevos parques, autobuses no contaminantes y una serie de medidas que no perjudiquen la salud de los cordobeses y cordobesas. Una cuestión de salud ambiental para una ciudad de 300 mil habitantes es prioritaria antes de resolver si el caminito es transitable por los de a pié o sólo por los todoterrenos de los dueños del cortijo.
Lo último, por cierto, en todo este movimiento de acción directa es que a otro de los miembros de la Plataforma a desalambrar le piden 3000 euros de multa por contratar un autobús que dirigió a un grupo de senderistas hasta la localidad granadina de Lugros donde de igual manera se procedió al corte de una malla para despejar un camino que se reclama igualmente público. Ahora ya sabes quien y para qué se han hecho las leyes y para quien trabaja la justicia y la policía, ¿no?
Te dejo enlace sobre el vídeo que canal sur tv emitió el pasado domingo a propósito de la acción sobre el camino de Villa Alicia en Cerro Muriano. Los dueños de la finca, la familia Zamora, exconcejal socialista del Ayuntamiento de Córdoba y exdirector general de agricultura de la Junta de Andalucía, han hecho lo mismo y han cortado el tránsito por la vereda... Más de lo mismo.....
Página de A desalambrar
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