Los vecinos de la localidad cordobesa de Posadas, cabreros y vaqueros, han venido transitando con normalidad por una vereda o camino de carne, denominada Colada de los Torilejos, desde siempre. La han atravesado en sus desplazamientos de ganado, de paseo y de comunicación sin ninguna dificultad hasta que la finca por la que discurre, la Zarza, cambió de manos y la adquirió la familia Sánchez Ramade.Esta empresa es la primera compañía andaluza en facturación. El pasado 2006 facturó 1500 millones de euros, emplea a 4000 personas, es la titular de las tiendas de electrodomésticos Urende, de la constructora Noriega, de las salas de cine CineSur y de los concesionarios Timsa y Coauto. Recientemente ha comprado el 1, 10 % de las acciones de Iberdrola y el 5% de la inmobiliaria Realia. Algunos medios especializados han especulado con la posibilidad de que este grupo pudiera, junto a otros, estar interesado en la constitución de un banco netamente andaluz, que soportara la financiación de sus empresas y alumbrar otras nuevas en los sectores eléctrico e inmobiliario.
Una vez comprada la finca, sus dueños procedieron a cortar la colada de los Torilejos y desde 2002 los vecinos de Posadas vienen denunciando en el juzgado, en el Ayuntamiento y en la Delegación de Medio Ambiente de la Junta la usurpación de esos 11 kms de vía pública. Así, los ecologistas acreditan que el propio Plan General de Ordenación Urbana de Posadas establece esa consideración:
Según información que figura en la Consejería de Obras Públicas sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Posadas, publicado en el B.O.J.A. de 24 de mayo de 2005 (Expediente P-94/04), la Colada de los Torilejos, de 11km de largo y 8m de ancho, aparece como Vía Pecuaria y Suelo No Urbanizable de Especial Protección; en esta clase de suelos sólo están permitidos, además del uso tradicional ganadero, aquellos otros que persigan el fomento de la biodiversidad, el intercambio genético de especies, la movilidad territorial de la vida salvaje, la mejora y diversificación del paisaje rural, así como el uso público a través de actividades compatibles y complementarias.
El problema salió a relucir a la opinión pública a principios de este año, cuando un ganadero se quedó atrapado con sus 40 vacas en la vereda al cerrar el camino la propiedad con una cancela y reivindicar durante semanas el paso franco, como ha venido siendo tradicional. Pero ni caso. Este verano, se han sucedido las manifestaciones de vecinos y ecologistas, derivando en las últimas concentraciones en un problema de orden público, con cargas de la guardia civil y enfrentamientos con los concentrados. Este fin de semana la carga fue desproporcionada, cuando un pequeño grupo quiso acceder al espacio precintado y se encontró con las pelotas y porrazos de los guardias. Algunas pedradas respondieron al material antidisturbios empleado. Sobre estos episodios encontrarás suficiente información en http: //www.adesalambrar.com/.
La reflexión que todo este episodio me merece es que pasados los años, el caciquismo, ahora neoempresarial, dispone del poder y la influencia de siempre en la Andalucía que sus dirigentes califican de "moderna". Asistimos a un espectáculo tan lamentable como anacrónico. En un estado que se reclama de derecho, las leyes, los documentos y los derechos de los ciudadanos, son vulnerados por grupos tan poderosos como el de Sánchez Ramade sin que la Administración sea capaz de obligar a la empresa a restituir la legalidad infringida.
Antes al contrario, la Junta de Andalucía trata de responder a las demandas ciudadanas con un deslinde diferente del camino que atenta contra los intereses públicos. Y hoy como ayer, la autoridad, ahora socialista, envía guardias civiles para defender la usurpación privada de un camino público. La Subdelegación del Gobierno/Zapatero custodia la anexión de la vereda y carga contra quienes se resisten a la usurpación. La Delegación de Medio Ambiente de la Junta/Chaves se alía con los empresarios y desvía la atención con otro trazado alternativo que conviene a los dueños de la finca que atraviesa la colada. Y por fin el Ayuntamiento de la localidad, de alcalde socialista, lamenta la actuación policial, pero no ordena a sus agentes a que abran la cancela y el paso quede expedito.
Siempre he creído que la Administración política debiera representar los intereses generales, máxime cuando sus gestores están adscritos al partido socialista. Una formación a la que se le presupone acento progresista y garante de los derechos de los débiles. Pero las cosas hace tiempo que ya no son así y ellos actúan como siempre lo han hecho los que en Andalucía han ordenado la carga contra el pueblo por deseo expreso del señorito.
La misma estructura social de antaño, sólo que el cacique cotiza en bolsa y cuenta con el reconocimiento político por la creación de empleo y generar riqueza. Aunque éstas sean a base de atropellar las leyes y los derechos de las gentes. Cada viernes, sin embargo, varias decenas de personas siguen convocándose ante la cancela defendiendo la dignidad, la que han perdido quienes hacen causa común con el señorito... como dios manda...
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